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La Caja de Ingeniería es una institución creada por ley provincial para garantizar la jubilación y la cobertura de salud de los profesionales. Es administrada por los mismos profesionales que son beneficiarios del sistema y no recibe ningún recurso del Estado para el cumplimiento de su misión legal.
La ley de creación establece que la principal fuente de recursos para brindar las prestaciones de jubilación ordinaria, pensión, jubilación por incapacidad y cobertura de salud son los aportes y contribuciones derivados de los trabajos profesionales. La misma ley obliga de forma taxativa y terminante a todas las áreas del Estado al control del cumplimiento de tales aportes y contribuciones1,2 .
Recientemente el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dictó un decreto que atenta de manera flagrante contra este sistema.
El decreto 0706/26 comunicado días atrás elimina el requisito de la constancia de la intervención profesional conforme a las incumbencias y responsabilidad para otorgar permisos y finales de obra. Además de la gravedad que esto implica desde el punto de vista de la seguridad, elimina la instancia de control de cumplimiento de los aportes profesionales que es obligatoria por ley.
Esto echa por tierra un esquema que sanamente ordena y sostiene a la comunidad profesional desde hace casi 70 años y pone en jaque las condiciones de vida de más de 20.000 familias.
El argumento oficial es "simplificar".
Pero la realidad es otra: la verificación de aportes a la Caja se realiza de forma inmediata, sin plazos ni intervenciones que demoren el expediente y el visado en los Colegios es un proceso ágil y transparente.
Invocar la simplificación para eliminarlo es desconocer cómo opera el sistema y ocultar que las verdaderas demoras y costos surgen de la burocracia municipal.
El decreto 0706/26 vulnera las leyes provinciales que regulan a la Caja, excede las atribuciones del intendente y claramente perjudica directamente a jubilados, profesionales en actividad y a sus familias, que son el eslabón más débil de la cadena y a la cual la ley protege con un esquema solidario.
Eliminar esta verificación en el afán de “simplificar un trámite” elimina un resguardo clave.
La Caja se financia con aportes profesionales. El 50% de sus recursos proviene de los aportes vinculados a permisos de edificación, lo que dimensiona el impacto directo que esta medida tendrá sobre el sistema.
Desde el Directorio no va a permitir que se ponga en riesgo este sistema y ya está avanzando con acciones concretas para defender a los colegas, activos y pasivos, así como sus familias, en coordinación con la Caja hermana de la Segunda Circunscripción, ya que el alcance provincial de la matrícula hace que esta medida unilateral del intendente afecta a profesionales de toda la bota santafesina.
Contamos con el apoyo y el compromiso de cada profesional para lograrlo.
Cordialmente
